El diálogo, una obligación en la vida pública
Los cargos de representación popular conllevan responsabilidades que van más allá de la toma de decisiones en los cabildos o en los órganos de cualquier gobierno.
Entre ellas se encuentra la disposición al diálogo y a la rendición de cuentas, especialmente cuando los cuestionamientos provienen de los medios de comunicación, cuya función es informar a la ciudadanía sobre los asuntos públicos.
La polémica protagonizada por la segunda regidora de Apizaco, Leticia Atempa Díaz, al negarse a conceder una entrevista al periodista Pablo Morales Cruz, generó un nuevo debate sobre la relación entre servidores públicos y medios de comunicación.
Si bien ninguna autoridad está legalmente obligada a responder de manera inmediata cualquier entrevista o declaración, sí existe una expectativa legítima de apertura, transparencia y disposición para informar sobre el ejercicio de sus funciones.
Del otro lado, el periodismo también tiene la responsabilidad de ejercer su labor con profesionalismo, respeto y apego a la ética.
Y en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos se establece claramente la rendición de cuentas y a informar, principalmente los artículos 6º y 8º.
En la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los artículos 23, 24 y del 70 al 83. Incluso en la Ley de Responsabilidades Administrativas en su artículo 7.
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en su artículo segundo, la Ley General de Comunicación Social.
En Tlaxcala también hay disposiciones equivalentes como son la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tlaxcala y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.
Y aunque siendo honestos, no hay una obligación legal de dar entrevistas a dar entrevistas a los medios de comunicación o periodistas (Ojo con esto), perooooo cuando un servidor público se niega sistemáticamente a informar o evita toda interacción pública sobre asuntos de interés general, esa conducta puede ser cuestionada desde los principios de máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto y deber democrático de informar, aunque no constituya por sí misma una infracción legal.
En un análisis jurídico o editorial, la crítica suele sustentarse más en esos principios constitucionales y legales que en una obligación específica de atender a la prensa.
La búsqueda de información y el cuestionamiento a quienes ocupan cargos públicos forman parte de una sociedad democrática, pero ello debe desarrollarse dentro de un marco de civilidad y respeto mutuo.
Las diferencias entre funcionarios y periodistas no deberían convertirse en confrontaciones personales como sucedió en la presidencia municipal de Apizaco.
Cuando el diálogo se rompe, quien pierde es la ciudadanía, que deja de recibir información oportuna para formarse un criterio sobre el desempeño de sus autoridades.
La polarización nunca ha sido buen instrumento de comunicación, sin importar si se trata de un servidor público, periodista o quien sea.
El diálogo es la base de la vida democrática de cualquier civilización y cuando este se pierde, vienen las confrontaciones estériles que en nada abonan a cualquiera de las partes en conflicto.
La comunicación institucional no debe entenderse como una concesión ni el trabajo periodístico como una provocación, es un principio ético de corresponsabilidad de la vida democrática de este país.
Ambos cumplen funciones complementarias dentro de un sistema democrático, unos gobiernan y administran los asuntos públicos; los otros vigilamos, cuestionamos e informamos.
Más allá del episodio específico, el hecho deja una reflexión vigente, la transparencia se fortalece cuando existen canales de comunicación abiertos, y la confianza ciudadana crece cuando autoridades y medios privilegian el diálogo por encima de la confrontación.
La crítica y las preguntas pueden ser incómodas, pero forman parte natural del escrutinio que acompaña a todo servidor público, sin embargo, todo debe ser canalizado por las vías institucionales, privilegiando el respeto, el profesionalismo y la ética.
El comportamiento de cada parte habla por sí misma de la integridad de uno y otro.
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Alejandro Aguilar Gómez, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Altiplano, es periodista y empresario de medios con más de tres décadas de trayectoria. Fundador y CEO de Grupo Monitor, dueña de los portales de noticias Monitor Xpress y MX en la Noticia. Ha sido jefe de información en prensa escrita, director de noticiarios radiofónicos. Es Presidente Fundador del Colegio de Periodistas y Comunicadores de Tlaxcala A.C. y ha recibido 2 Doctorados Honoris Causa por su contribución al periodismo en México (UDS Global University campus Nuevo León y Colegio de Periodistas de Tamaulipas). Reconocido especialista en comunicación estratégica, marketing político y gestión de crisis, combina la praxis periodística con la consultoría política y la innovación en tecnologías de opinión pública. Certificado como Director de Comunicaciones StratCom 2026 campus Miami, Flo.
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