Urge un pacto nacional para la Seguridad y la paz

Urge un pacto nacional para la Seguridad y la paz

México ya no está para simulaciones. Llevamos años escuchando que “ahora sí” habrá coordinación, que “ahora sí” habrá paz, que “ahora sí” se acabó la violencia, que “ahora sí” se combate al crimen organizado, que “ahora sí” se acabó el huachicoleo, que “ahora sí” se acabó el narcotráfico… y la realidad termina desmintiéndolo cada semana la retórica de TODAS las autoridades.

Hoy, en un post de Antonio Soto Sánchez, Secretario del Migrante del estado de Michoacán, hay una publicación que llamó mucho mi atención por la fuerza de las palabras que lanzan un S.O.S. nacional:

“Respaldamos con firmeza el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla”

Y concluye con las siguientes líneas: “Desde la Secretaría del Migrante, sumamos esfuerzos para que este gran proyecto contribuya al desarrollo, la seguridad y el bienestar de las y los michoacanos dentro y fuera del país”

Me retumbaron en la cabeza la sumatoria de esfuerzos no sólo para los michoacanos, sino que habla del desarrollo, la seguridad y el bienestar de todos los mexicanos, dentro y fuera del país.

La seguridad y bienestar de mexicanos no pueden quedar atrapados en la góndola de las buenas intenciones locales n i fraccionadas en la escena nacional como si se tratasen de particularidades aisladas.

No es un documento más, ni un plan de escritorio, es un recordatorio brutal de que el país lleva demasiado tiempo parchando problemas nacionales con ocurrencias estatales.

De qué sirve la acción de seguridad encabezada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a nivel nacional, si a todas luces hay desconfianza en los gobiernos locales.

Si la violencia opera con una escalada nacional, con rutas, financiamientos y con redes criminales, ¿por qué diablos seguimos pretendiendo que cada estado invente su propio “modelo de seguridad”?

Esa farsa ya nos costó miles de vidas. Y no es retórica: más de 28 mil homicidios dolosos solo el año pasado, pero seguimos actuando como si los delincuentes pidieran permiso en la aduana estatal para cruzar.

La seguridad no es un concurso de creatividad federalista, es un tema de corresponsabilidad.

Y la propuesta de Soto Sánchez lo dice sin rodeos, o nos sentamos todos a ponernos de acuerdo —gobiernos, congresos, iniciativa privada, medios y sociedad— o seguiremos convirtiendo los minutos de silencio en costumbre y hasta en espacios informativos como en Tlaxcala, cuando Maribel León Cruz, diputada local verde ecologista y actual presidenta de la mesa directiva de la LXV legislatura local, negó un minuto de silencio en honor al alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, que fuera ultimado a balazos el 1 de noviembre.

No es la primera vez que el país intenta arreglar este desastre.

En 2011, cuando la violencia ya había reventado al país, los medios y la IP impulsaron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, que, dicho sin tapujos, fue un manotazo para que la delincuencia dejara de tener reflectores gratuitos.

No funcionó del todo, en parte porque el gobierno creyó que controlar la narrativa equivalía a controlar la violencia.

Pero dejó un par de lecciones invaluables: la violencia también se alimenta de la manera en que se cuenta y la violencia no puede ni de.

Hoy esa lección hay que ampliarla. No se trata solo de cómo se cubre la violencia, sino de cómo se enfrenta. Y eso no ocurrirá mientras el gobierno federal crea que coordina, los gobiernos estatales crean que obedecen, los congresos crean que observan, los empresarios crean que no les toca y los medios crean que informar y amplificar son lo mismo.

El pacto que propone Soto Sánchez tiene que ser nacional porque la realidad ya nos rebasó. Nos tiene, literalmente, viviendo en una república donde la seguridad depende más del código postal que del Estado de derecho. Y, sin reservas, hay que decirlo: si cada uno sigue jalando para su lado, este país no va a componer nada.

La sociedad tiene que estar ahí porque sin presión ciudadana esto se vuelve un comunicado más. La IP tiene que estar ahí porque el desarrollo económico no existe sin certidumbre. Los medios tienen que estar ahí porque informar con responsabilidad no es censura, es sentido común. Y los gobiernos tienen que estar porque ya no pueden seguir presumiendo lo que no funciona.

Un pacto nacional no va a resolver la violencia mañana, pero seguir fingiendo que bastan esfuerzos locales es asegurarnos que nada cambie nunca. México ya pagó demasiado por la descoordinación. Ahora toca, de una vez por todas, que todos los sectores entren al mismo tiempo, al mismo nivel y con el mismo compromiso.

Porque el acostumbrarnos a vivir y a ver cotidianamente escenas de violencia en este país nos está llevando a su normalización, la aberrante idea de estar comiendo tranquilamente y escuchar una balacera en la calle que cuando termine, sigamos como si nada, es uanrealidad bizarra que ya se vive en muchos lugares del país.

#SinReservas puedo asegurarlo, o lo arreglamos juntos, sociedad, IP y gobierno o terminamos hundidos por separado.

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Alejandro Aguilar Gómez, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Altiplano, es periodista y empresario de medios con más de tres décadas de trayectoria. Fundador y CEO de Grupo Monitor, dirige los portales digitales Monitor Xpress y MX en la Noticia. Ha sido jefe de información en prensa escrita, director de noticiarios radiofónicos y consultor en marketing político y comunicación estratégica. Es Presidente Fundador del Colegio de Periodistas y Comunicadores de Tlaxcala A.C. (2025-2029) y ha recibido 2 Doctorados Honoris Causa por su contribución al periodismo en México. Reconocido especialista en comunicación social, marketing digital y gestión de crisis, combina la praxis periodística con la consultoría política y la innovación en tecnologías de opinión pública.

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