Morena y sus nuevas reglas: ¿piso parejo o ajuste de cuentas?
Por Roberto Nuñez Baleon
El pasado sábado, el Consejo Nacional de Movimiento Regeneración Nacional aprobó los lineamientos para definir a quienes competirán por las gubernaturas en los estados donde se renovará el Poder Ejecutivo el próximo año. La decisión no es menor: fija reglas, tiempos y, sobre todo, límites a las aspiraciones políticas dentro del partido gobernante. El método principal será nuevamente la encuesta, una herramienta que Morena ha convertido en su mecanismo predilecto para resolver disputas internas. El proceso arrancará el 22 de junio con el registro de aspirantes, quienes formalmente buscarán convertirse en “coordinadores estatales de la defensa de la transformación”. En la práctica, esa denominación ha sido ya una antesala clara de las candidaturas a gobernador. Sin embargo, más allá del calendario, lo verdaderamente relevante son los candados establecidos. Las nuevas reglas prohíben el uso de espectaculares, la propaganda masiva mediante bardas o panfletos, la utilización de recursos públicos y cualquier tipo de dádiva para promover aspiraciones personales. También se establece la obligación de mantener neutralidad e imparcialidad por parte de funcionarios partidistas. Estas disposiciones parecen dirigidas a frenar prácticas que en distintos estados se habían vuelto cada vez más visibles: campañas adelantadas, despliegues propagandísticos millonarios y el uso de estructuras gubernamentales para posicionar aspirantes. En el caso de Tlaxcala, las nuevas reglas impactan directamente en el tablero político local. Particularmente en la estrategia atribuida al alcalde capitalino, Alfonso Sánchez García, quien en los últimos meses ha sido señalado por impulsar una promoción política anticipada con una maquinaria territorial y mediática de gran escala, financiada presuntamente por el gobierno estatal. Los lineamientos de Morena buscan justamente cerrar ese tipo de brechas. La prohibición de propaganda anticipada y del uso de recursos públicos intenta garantizar condiciones más equitativas entre quienes aspiran a la candidatura. De aplicarse con rigor, el margen para campañas disfrazadas se reduce considerablemente. Otro punto sensible es el compromiso contra el nepotismo político. La exigencia de neutralidad para dirigentes partidistas coloca bajo la lupa a estructuras locales donde existen vínculos familiares directos entre aspirantes y dirigentes. En Tlaxcala, esta disposición inevitablemente remite a la presidenta estatal del partido, Marcela González, esposa del alcalde capitalino, lo que abre el debate sobre la necesidad ineludible de una separación del cargo para garantizar imparcialidad. En contraste, dentro del mismo escenario político emerge la figura de la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, quien ha construido su posicionamiento a lo largo de años mediante trabajo territorial y presencia en las bases del partido. Ese tipo de capital político, menos visible en propaganda pero más arraigado en estructuras locales, podría cobrar mayor peso en un proceso donde las encuestas serán el criterio decisivo, en virtud de que la senadora es la puntera con un margen considerable lo que hace improbable que en tres meses, siquiera la alcancen el resto de aspirantes. Lo anterior hecha por tierra los rumores mal intencionados de una declinación anticipada de la legisladora, por el contrario, estas reglas fortalecen su proyecto y sus aspiraciones. De ahí que el nuevo marco aprobado por Morena tenga dos lecturas posibles: Por un lado, representa un intento por ordenar la competencia interna y evitar excesos que desgasten al partido antes de las elecciones. Por otro, funciona como un mensaje político claro: las campañas anticipadas y las imposiciones desde el poder local no serán toleradas por la dirigencia nacional. En última instancia, el verdadero desafío no está en redactar reglas, sino en aplicarlas. Si Morena logra hacerlo con consistencia, podría enviar una señal de institucionalidad dentro de su propio movimiento. Si no, los lineamientos terminarán siendo solo una declaración de buenas intenciones en medio de una disputa política que, en Tlaxcala y en otros estados, ya comenzó desde hace tiempo.
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