Las desapariciones forzadas o no forzadas
Los números dicen lo que quieren decir quienes los presumen, ya sea para abonar al clima de odio, ya sea para informar o ya sea para defender la realidad que hoy persiste en Tlaxcala.
En esta entidad, desde hace varios años, se ha repetido una frase con insistencia “Somos el estado más seguro, el de menor incidencia delictiva, el que aparece hasta abajo en las tablas nacionales”.
Y sí, no lo voy a negar, los números oficiales dicen eso aunque las cifras negras digan otra cosa.
Porque mientras el discurso institucional habla de seguridad, la realidad muestra algo más difícil de entender, desapariciones, secuestros y personas localizadas sin vida.
Los datos son incómodos, desde el inicio de la actual administración estatal y hasta marzo de 2026, 1,036 personas fueron reportadas como desaparecidas o no localizadas, de ellas,1,023 fueron encontradas. 53 regresaron sin vida y más de 100 permanecen desaparecidas.
Las cifras oficiales sostienen que existe una efectividad cercana al 99 por ciento en localización, pero localizar no siempre significa resolver o representan buenas noticias para los familiares.
Porque detrás de una ficha desactivada puede existir una historia distinta, puede haber violencia familiar, explotación, privación ilegal de la libertad o un delito más grave y cuando una persona aparece sin vida, la estadística cambia de categoría —o al menos debería—, pero el problema permanece.
La entidad puede aparecer como una de las más seguras del país y, al mismo tiempo, acumular más de mil desapariciones reportadas durante un sexenio, a eso yo le llamo descomposición del tejido social en lo más profundo de su núcleo, el familiar.
La contradicción no está necesariamente en los números oficiales, está en el enfoque pues.
También los secuestros cuentan una historia silenciosa, esos números que nunca se mencionan ni se dicen en Tlaxcala.
Durante años fueron relativamente escasos, sin embargo, los registros recientes muestran cambios en modalidades y repuntes que deberían llamar la atención como el secuestro exprés, extorsivo y casos donde la víctima ni siquiera regresa.
Y si se cruzan desapariciones, hallazgos y homicidios, aparece otro mapa, uno que no conoce límites municipales, uno que se mueve por carreteras, zonas rurales y corredores regionales.
Al aparecer en un boletín de búsqueda cambia de clasificación estadística y en lugar de secuestro o privación de la vida a veces termina en una barranca, una fosa o una carpeta archivada en la que se lee: Lo vinieron a tirar.
Esa frase tan inhumana de “lo vinieron a tirar” “fue asesinado en otra parte” es quizá lo que más cala en el sentimiento de familiares, porque no se trata de una bolsa de basura, se trata de un ser humano que, cualesquiera que hayan sido las circunstancias que lo llevaron a terminar así, no deja de ser una persona.
La deshumanización de seres humanos se vuelve cada día más en un lenguaje institucional para no referirse a las personas, la verdad yo no lo entiendo, no me gusta, no lo soporto.
Porque esa persona era familiar de alguien y cuando la autoridad se refiere a él o a ella diciendo “lo vinieron a tirar”, creo que es una revictimización innecesaria y una agresión a su familia.
Tlaxcala puede seguir apareciendo entre las entidades con menor incidencia delictiva del país y esa afirmación puede ser estadísticamente correcta, pero me lleva a otro escenario.
Si somos la entidad más segura del país, con lo que estamos viendo cotidianamente en medios y redes sociales, quiere decir que estamos viviendo en un infierno de inseguridad.
Pero también es cierto que durante la actual administración más de 1,000 personas fueron reportadas como desaparecidas o no localizadas, que decenas fueron encontradas sin vida, que existe una discusión pública entre cifras institucionales y registros impulsados por colectivos y que los delitos de privación de la libertad y secuestro han mostrado cambios que merecen una revisión más profunda antes de que sean más focos rojos.
La discusión de fondo tampoco debería reducirse a un intercambio entre percepción y discurso oficial, los propios registros públicos muestran elementos suficientes para plantear una conversación más amplia y más seria sobre la seguridad en Tlaxcala.
Pero no desde el enfoque de choque que traen algunas dizque activistas, no, se necesita un diálogo que analice causas y efectos, que se desarrollen nuevas políticas de seguridad que vayan desde el núcleo de la sociedad hasta la masificación.
Porque para ser oposición es bien fácil, es como tirar la piedra a una multitud, de que le pegas a alguien le pegas, pero no se trata de polarizar, se trata de entender y atender las causas.
Decía yo que durante la actual administración se acumularon más de mil reportes de personas desaparecidas o no localizadas, decenas de esas personas fueron encontradas sin vida y, al mismo tiempo, los casos de secuestro y privación de la libertad mostraron variaciones que merecen una lectura más profunda que la simple revisión de una tabla nacional.
La seguridad pública no puede analizarse únicamente a partir de posiciones estadísticas o comparativos generales, los indicadores agregados permiten medir tendencias amplias, pero tienen limitaciones cuando se trata de entender fenómenos específicos como desapariciones, movilidad criminal o delitos cuya dinámica involucra varios municipios y distintas etapas.
Un homicidio puede registrarse en un municipio distinto al lugar donde inició el delito, una desaparición puede concluir con una localización días después y un caso clasificado inicialmente bajo una categoría puede terminar reclasificado conforme avanza una investigación.
Por eso el análisis completo exige observar algo más que cifras acumuladas que nos sirvan a periodistas como la nota estelar del día para criticar implacablemente al gobierno.
Exige revisar trayectorias, contextos, territorios y patrones, porque los datos disponibles permiten advertir una realidad concreta, Tlaxcala mantiene indicadores relativamente bajos frente a otras entidades del país, pero también presenta fenómenos persistentes relacionados con desapariciones, personas no localizadas, secuestro y hallazgos de víctimas sin vida. Ambos hechos pueden coexistir al mismo tiempo y no son mutuamente excluyentes.
En mi especialización del ejercicio periodístico en la procuración de justicia que fuera patrocinado por la extinta Fraternidad de Reporteros de México, DESPER y FGR en la UAM-Xochimilco, se nos explicó que los fenómenos del entorno de la justicia siempre tienen que estar cimentados en la investigación científica de los hechos y la construcción de una narrativa consistente con ellos dará cuenta del modo, tiempo y lugar de cualquier crimen.
La discusión pública tendría que concentrarse entonces en comprender la dimensión completa del problema y no solamente en defender una narrativa o desacreditar otra, porque la seguridad no se mide únicamente por la cantidad de delitos registrados, sino también por la capacidad institucional para explicar qué ocurrió, dónde ocurrió, cómo ocurrió y cuál fue el desenlace real para las víctimas.
Ese es el espacio donde todavía quedan preguntas relevantes por responder y donde los registros oficiales, las investigaciones periodísticas y los testimonios de familias continúan señalando zonas que merecen ser observadas con mayor atención.
La polarización a la que apuestan unos y otros debería redefinirse en el campo del diálogo, la transparencia y la acción conjunta para una sociedad que exige justicia.
MAYO VIOLENTO
Mayo comenzó a mover algo más que estadísticas en Tlaxcala. En apenas unos días, la narrativa de la tranquilidad volvió a encontrarse con una realidad más incómoda: cuerpos localizados, agresiones armadas y un multihomicidio que, por sí solo, alteró el comportamiento del mes.
El caso más grave ocurrió en Zumpango, municipio de Atlangatepec, donde 5 hombres fueron asesinados dentro de un inmueble con impactos de arma de fuego, fue un evento que por volumen y circunstancias se convirtió en el episodio más violento registrado en Tlaxcala durante este mes.
En los días posteriores y previos aparecieron otros casos: Un hombre localizado sin vida en una barranca en Santa Cruz Quilehtla con signos de violencia. Otro más que murió tras una agresión armada en Santa Cruz Tlaxcala. Y un hallazgo adicional en el corredor Puebla–Tlaxcala que inicialmente activó movilización de cuerpos de seguridad y servicios periciales. Distintos municipios, distintos escenarios y distintas circunstancias, pero una coincidencia evidente, los hechos comenzaron a acumularse en un lapso particularmente corto.
El seguimiento hemerográfico disponible señala incluso que entre el 10 y el 13 de mayo se concentraron nueve víctimas de asesinato en sólo cuatro días.
La cifra, aunque todavía depende del cruce entre reportes periodísticos y confirmaciones institucionales que tal vez nunca lleguen, merece atención porque muestra algo que las estadísticas mensuales suelen omitir, la violencia no siempre se distribuye de forma homogénea ni responde a tendencias lineales.
Lo revisado durante mayo deja una señal clara, los eventos recientes no se concentraron en una sola región ni siguieron un patrón urbano tradicional, aparecieron en municipios distintos, algunos en zonas periféricas o rurales, y volvieron a mostrar una característica observada en otros momentos, el hallazgo de víctimas fuera de espacios de alta exposición pública.
Aún es prematuro hablar de una tendencia consolidada para el mes, pero Mayo sigue en curso y le restan 12 días mientras las investigaciones continúan abiertas.
Pero los hechos registrados hasta ahora permiten afirmar algo concreto, la discusión sobre seguridad en Tlaxcala no puede reducirse únicamente a posiciones nacionales o comparativos generales.
La omisión de información hacia los medios de comunicación, la transparencia es lo que hace dudar a la sociedad de las intenciones del gobierno, sea cual sea la justificación —excusa— que institucionalmente se le quiera dar.
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Alejandro Aguilar Gómez, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Altiplano, es periodista y empresario de medios con más de tres décadas de trayectoria. Fundador y CEO de Grupo Monitor, dueña de los portales de noticias Monitor Xpress y MX en la Noticia. Ha sido jefe de información en prensa escrita, director de noticiarios radiofónicos. Es Presidente Fundador del Colegio de Periodistas y Comunicadores de Tlaxcala A.C. y ha recibido 2 Doctorados Honoris Causa por su contribución al periodismo en México (UDS Global University campus Nuevo León y Colegio de Periodistas de Tamaulipas). Reconocido especialista en comunicación estratégica, marketing político y gestión de crisis, combina la praxis periodística con la consultoría política y la innovación en tecnologías de opinión pública. Certificado como Director de Comunicaciones StratCom 2026 campus Miami, Flo.
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