Las amenazas contra Adela Navarro
Por Mar Morales
Adela Navarro, codirectora del Semanario Zeta de Tijuana, se ha convertido en el blanco de al menos ocho amenazas de muerte entre el 29 de abril y el 16 de mayo de este año. Estas amenazas, recibidas a través de llamadas telefónicas anónimas con el mensaje repetido "Dile a Navarro que se cuide", son una grave muestra de la violencia que enfrentan los periodistas en México que investigan la corrupción y el crimen organizado.
La valentía de Navarro al investigar temas sensibles como el narcotráfico, la corrupción política y el crimen organizado en Baja California la ha colocado en la mira de grupos poderosos. Sus recientes investigaciones, incluyendo una sobre corrupción estatal y el ocultamiento de una narcofosa, así como un reportaje sobre la revocación de visa a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y su esposo, parecen ser el detonante de estas amenazas.
La falta de respuesta inmediata de las autoridades ante la denuncia formal presentada por Navarro ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California es profundamente preocupante. Esta inacción perpetúa un clima de impunidad que fomenta la violencia contra periodistas y debilita la libertad de expresión.
Organizaciones como Artículo 19 México y Centroamérica han condenado enérgicamente las amenazas contra Navarro, exigiendo medidas de protección para ella y su equipo en Semanario Zeta. Asimismo, se ha pedido a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que inicie una investigación inmediata, diligente e imparcial con perspectiva de género.
El caso de Adela Navarro no es aislado. El informe anual "Barrera Informativas" de Artículo 19 registró al menos 639 agresiones contra periodistas en México en 2024, incluyendo cinco asesinatos, un aumento del 13.9% respecto al año anterior. Las mujeres periodistas son particularmente vulnerables, representando el 29.11% de las víctimas de agresiones, incluyendo intimidación, hostigamiento y acoso sexual.
La seguridad de los periodistas es fundamental para el funcionamiento de una democracia sana. Cuando los periodistas pueden trabajar sin temor a represalias, la sociedad se beneficia de una información precisa y veraz, esencial para la rendición de cuentas y la participación ciudadana. La impunidad en los crímenes contra el gremio socava la libertad de expresión y crea un ambiente de autocensura que silencia las voces críticas y permite que la corrupción y la impunidad prosperen. Proteger a los comunicadores no es solo una cuestión de derechos humanos, sino también una necesidad para una sociedad democrática y transparente. Las amenazas contra Adela Navarro son un llamado urgente a la acción. La protección de los periodistas y la garantía de la libertad de prensa son fundamentales para una sociedad democrática y justa. La impunidad debe terminar, y las autoridades deben actuar con firmeza para garantizar la seguridad de quienes defienden el derecho a la información.
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