La “Línea” Tlaxcalteca: Cuando el palacio de gobierno dinamita el “Piso Parejo”
Por: Roberto Nuñez Baleon.
Hay viejas costumbres que el discurso del cambio simplemente no ha logrado erradicar. La reciente reunión pública entre la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, el exmandatario y líder del Partido Alianza Ciudadana (PAC), Héctor Ortiz Ortiz, y el aspirante a la gubernatura por Morena, Alfonso Sánchez García, no fue un simple desayuno de cortesía ni un espontaneo intercambio institucional ni una fotografía inocente. Fue la escenificación abierta del favoritismo político; el "dedazo" disfrazado de consenso de cúpula.
El problema de fondo no es que los actores políticos se reúnan —la negociación forma parte de la naturaleza pública—, sino el desprecio flagrante por las reglas del juego que el propio movimiento de transformación dice defender.
La convocatoria interna de Morena para definir sus coordinadores estatales es contundente: se prohíbe de manera explícita que gobernadoras y gobernadores en funciones intervengan, apadrinen o se manifiesten en favor de aspirante alguno. El principio de neutralidad no es una sugerencia retórica; fue diseñado por el Consejo Nacional precisamente para evitar que el peso institucional del Estado distorsione la voluntad popular expresada en las encuestas.
Cuando una mandataria en funciones se sienta a la mesa a tejer alianzas de cúpula en favor de un perfil específico, está vulnerando las normas de su propio partido. No hay margen para la ambigüedad discursiva: el respaldo no es tácito, es ostentoso. Se rompe el compromiso de imparcialidad y se manda una señal equivocada hacia los órganos de decisión partidistas.
Tlaxcala tiene la mala fortuna de conocer bien las alianzas entre grupos. Durante décadas, los proyectos de poder se han construido a través de acuerdos entre liderazgos, familias políticas y estructuras territoriales.
Si a la influencia de la gobernadora se ocupa para el respaldo o acercamiento de estructuras políticas locales, coloca de inmediato en desventaja estructural al resto de los competidores. La contienda deja de medirse en el terreno neutral de las simpatías ciudadanas para convertirse en una competencia asimétrica donde el rival a vencer no es el aspirante, sino el peso del Palacio de Gobierno, las elites del poder y la burocracia estatal alineada.
La paradoja: Construir una candidatura vulnerable.
Existe, además, una paradoja política con estas estrategias, al construir una candidatura excesivamente protegida por las estructuras puede terminar siendo un “candidato” políticamente vulnerable.
La primera vulnerabilidad es jurídica. Si algún participante considera que se violaron las reglas del proceso interno, puede recurrir a las instancias partidistas y, eventualmente, a las autoridades electorales. Cualquier controversia relacionada con la intervención de servidores públicos, la equidad de la contienda o el uso de recursos públicos tendría que analizarse conforme a las circunstancias concretas y a la legislación aplicable.
La segunda vulnerabilidad es política. Una candidatura percibida como producto de una imposición puede generar resistencia entre quienes quedaron fuera de la decisión. Las estructuras territoriales no siempre se movilizan por disciplina; también requieren incentivos, convencimiento y, sobre todo, la percepción de que participaron en un proceso legítimo.
Una candidatura puede ganar una encuesta y, sin embargo, perder parte de su capacidad de cohesión si llega acompañada del estigma de la imposición.
La tercera vulnerabilidad es narrativa. Morena llegó al poder prometiendo acabar con prácticas que durante años fueron cuestionadas por la ciudadanía. Si sus propios procesos internos comienzan a ser percibidos como una reproducción de aquellas viejas formas de hacer política, la contradicción se vuelve inevitable.
Una candidatura puede ser jurídicamente válida y, al mismo tiempo, enfrentar cuestionamientos políticos. Puede cumplir con los requisitos formales y, sin embargo, cargar con la percepción de haber sido impulsada desde las cúpulas.
La gobernadora tiene derecho a construir acuerdos políticos y a mantener interlocución con distintos actores. Los aspirantes, por su parte, tienen derecho a buscar respaldos. Pero cuando el poder institucional se cruza con una contienda partidista, este tiene el deber mayor y la responsabilidad de preservar el equilibrio.
La búsqueda por asegurar un sucesor no debe ser a costa de la equidad ni del marco legal. Al dinamitar las reglas del proceso interno para cobijar a Alfonso Sánchez García, la gobernadora no solo desafía los lineamientos de la dirigencia nacional de Morena, sino que le resta valor a la candidatura que pretende impulsar. Un proyecto que nace del privilegio de cúpula termina, casi siempre, pagando un alto precio en las urnas y en los tribunales.
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