El Guano, Morena y la crisis que sacude al INE
Por Alex Gómez
La política mexicana suele confundir el respaldo partidista con una respuesta y el relevo de un funcionario con la solución de una crisis.
Los últimos días ofrecen dos ejemplos distintos, pero igualmente incómodos, la controversia por los señalamientos contra Ariadna Montiel y la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral.
El caso Montiel: acusación, desmentido y una pregunta pendiente
El periodista Héctor de Mauleón publicó el 26 de octubre una columna en la que sostuvo, con base en fuentes de seguridad que dijo haber consultado, que un reporte de inteligencia registraría una presunta reunión de Ariadna Montiel, hoy presidenta nacional de Morena y entonces secretaria del Bienestar, con Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Según esa versión, el encuentro habría ocurrido a principios de 2024 en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, y habría involucrado supuestos acuerdos para favorecer candidaturas de Morena a cambio de permitir la permanencia de la influencia de un grupo criminal en la región.
Conviene subrayarlo, se trata de señalamientos publicados por un columnista, no de hechos acreditados judicialmente.
Hasta ahora, el supuesto reporte de inteligencia no se ha hecho público y la información disponible no permite dar por comprobado el encuentro ni los acuerdos descritos, salvo por un par de fotografías publicadas por El Universal que dan lógica al cuestionamiento de Mauleón y, aunque el documento de inteligencia no sea público, tampoco debe considerarse inexistente porque lo que está en Riesgo no es el documento en sí, sino las manos por las que ha passado que probablemente llevarían a la muerte de quienes lo conocieron, el este país ya nada espanta y todo es possible, menos la justicia.
La diferencia no es menor, en asuntos de esta gravedad, la crítica política no debe sustituir la comprobación.
La controversia cambió de dimensión el 27 de octubre, cuando el Gabinete de Seguridad federal afirmó que no existe información oficial que confirme la existencia o autenticidad del reporte citado ni elementos oficiales que acrediten los supuestos acuerdos con integrantes de la delincuencia organizada.
Ariadna Montiel negó categóricamente la reunión, exigió una disculpa pública a De Mauleón y a El Universal, y anunció acciones legales contra quienes considera responsables de las acusaciones.
El periodista, por su parte, sostuvo su publicación y rechazó disculparse.
El desmentido oficial tampoco resuelve por sí solo toda la discusión, señala que las instituciones federales (dizque) no cuentan con información oficial que confirme el reporte, pero no constituye una resolución judicial sobre cada afirmación difundida.
De la misma manera, la defensa del periodista de que consultó fuentes de seguridad no convierte automáticamente su versión en verdad probada. Creíble sí.
Entre una acusación y una conclusión hay una obligación de verificación que no puede saltarse ninguno de los involucrados.
Morena tiene derecho a defender a su dirigente frente a acusaciones que considera falsas, Montiel tiene derecho a exigir rectificaciones y acudir a las vías legales.
Pero la relevancia pública del caso obliga a que las respuestas sean verificables y no se reduzcan a acusaciones de golpeteo político o a descalificaciones personales.
Si existen documentos auténticos, testimonios corroborables o elementos que respalden alguna de las versiones, deben ser expuestos a la opinion pública.
La cuestión política permanece: ¿cómo deben responder los partidos cuando surgen señalamientos sobre una posible intervención criminal en procesos electorales? No basta con cerrar filas, pero tampoco es aceptable presentar una imputación como sentencia.
La exigencia debe ser la misma para todos, pruebas, investigación seria y rendición de cuentas.
El INE después de Taddei
En el segundo frente, Guadalupe Taddei formalizó el 26 de octubre su renuncia a la presidencia del INE, en medio de publicaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones, conflictos de interés y relaciones con proveedores del organismo.
La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio ante indicios que requieren revision —No le quedaba de otra de todas maneras—.
La salida de Taddei abrió una nueva etapa en el instituto, El Consejo General designó a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional, mientras la Cámara de Diputados deberá realizar el procedimiento para nombrar a quien concluya el periodo correspondiente.
Cruz ha señalado la importancia de recuperar la colegialidad y mantener en marcha la organización de las elecciones de 2027 (Ajá).
Pero los acontecimientos no se detuvieron con la renuncia; en los días siguientes se reportaron salidas de colaboradores de la anterior presidencia y el Consejo General frenó varios nombramientos para organismos públicos locales electorales que estaban pendientes de votación.
También se anunció la revisión de contrataciones recientes (pero no de toda su gestion), incluido un contrato relacionado con la producción de credenciales para votar.
La nueva conducción debería explicar qué decisiones se revisan, con qué criterios y qué resultados se obtengan (pero no seamos ilusos).
El dato más delicado no es que haya una nueva presidenta provisional, sino que las dudas sobre la administración anterior deben aclararse sin interferencias.
La ASF, el Órgano Interno de Control y, si los hallazgos lo justifican, las autoridades ministeriales deben poder investigar con autonomía y no es echándole la culpa a Lorenzo Córdoba ¿Ok?.
Si las irregularidades se confirman, tendrán que determinarse las responsabilidades correspondientes; si no se acreditan, también debe quedar claro.
La salida de una titular no puede convertirse ni en condena anticipada ni en salvoconducto para quienes hayan intervenido en las decisiones cuestionadas.
La institución tiene además una responsabilidad inmediata, garantizar que la crisis administrativa no comprometa la organización del proceso electoral 2026-2027. La continuidad operativa es indispensable, pero no basta con asegurar que las elecciones seguirán adelante. La confianza pública depende también de que los contratos, los nombramientos y el uso de recursos se conduzcan con transparencia, controles efectivos y decisiones colegiadas.
Dos episodios distintos, una misma exigencia
No hay elementos para afirmar que los casos de Montiel y Taddei formen parte de una misma trama. Son asuntos distintos, con actores, hechos y procedimientos diferentes.
Lo que sí comparten es la obligación de responder a preguntas legítimas sin confundir el respaldo político con una explicación suficiente.
En el caso de Montiel, sigue sin estar acreditada plena y públicamente la supuesta reunión con “El Guano”, pese a las fotografías expuestas y el reporte de inteligencia; el Gabinete de Seguridad negó contar con información oficial que confirme el reporte y De Mauleón mantiene su version (de la cual no tengo pruebas pero tampoco dudas).
En el caso del INE, la renuncia está formalizada, existe una presidencia provisional y continúan las revisiones sobre posibles irregularidades administrativas. Mezclar estos niveles de certeza sería injusto y periodísticamente irresponsable.
La democracia no se fortalece cuando se da por culpable a alguien sin pruebas, pero tampoco cuando se considera que una declaración partidista, una negativa oficial o una renuncia bastan para cerrar un asunto.
Se fortalece cuando los hechos se documentan, las instituciones investigan y las conclusiones se hacen públicas con fundamento.
La sospecha debe dar pie a la investigación, no al encubrimiento.
Morena debe exigir rigor sin convertir la defensa de su dirigencia en una muralla contra cualquier pregunta.
El INE debe demostrar que la revisión de su gestión no será selectiva y que sus decisiones volverán a sujetarse a controles colegiados. Y las autoridades fiscalizadoras y judiciales deben hacer su trabajo sin presiones políticas.
El poder puede negar una acusación, exigir una disculpa o cambiar de titular. Lo que no puede hacer es decidir por sí mismo cuándo termina el escrutinio público.
En una democracia, la última palabra no debe pertenecer a la propaganda ni a la sospecha, debe surgir de los hechos comprobados, de las pruebas pues y aunque el poder en turno siga pidiendo pruebas después de las pruebas ya no es justicia, es encubrimiento.
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