¿Antonio Velázquez el operador financiero de Gisela Lucero?
Me gusta cuando aparecen en ciertos cargos de la vida pública, esos operadores financieros que se mueven entre las sombras como Víctor Canovas, Eukid Castañón o en el sexenio de Héctor Ortíz, Daniel Herrera Murga, que se la pasó ebrio toda la administración.
Más adelante, durante el gobierno de Mariano González Zarur, resuena el nombre de Carlos Rojas Gutiérrez, quien incluso llegó a ser considerado presidenciable y fue contemporáneo de Luis Donaldo Colosio.
Posteriormente aparece Ricardo García Portilla, ahijado político del exgobernador —conocido como “El Amo” por algunos de sus subalternos—, vinculado a la operación política durante el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez. García Portilla continúa formando parte de las esferas financieras y de poder del país.
No obstante, en la operación política más reciente del gobierno de Mena, destacó particularmente Fabricio Mena Rodríguez, su hermano y presunto candidateable a la capital por Morena, quien desempeñó un papel relevante concentrando el flujo de contratos con empresas y de personal del gobierno.
Y es que en política hay algo mucho más interesante que los cargos oficiales, el poder que se ejerce sin necesidad de aparecer en el organigrama, porque mientras unos tienen nombramiento, otros tienen influencia, y en ocasiones la segunda termina siendo bastante más importante que la primera.
Hoy, en la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA), esa diferencia comienza a generar preguntas alrededor de Antonio Velázquez, un nombre que aparece de manera recurrente en las versiones recogidas dentro de la propia dependencia y cuya presunta influencia ha comenzado a llamar la atención por la forma en que estaría interviniendo en asuntos que deberían corresponder exclusivamente a la conducción de la titular Haide Gisela Lucero Zepeda.
El asunto no es menor, particularmente porque la SIA maneja para este 2026 un presupuesto de alrededor de 460 millones de pesos y, de acuerdo con lo que sé, al momento de la conversación solamente se habrían ejercido menos del 10% y que conste que ya estamos en el mes de agosto.
Esta cifra obligaría a explicar por qué una dependencia con semejante cantidad de recursos tiene un rezago tan sorprendente en la aplicación de los programas destinados al sector agropecuario, dado que las condiciones climáticas demandan acciones rápidas y efectivas en favor de los agroproductores. Más aún, cuando en el territorio tlaxcalteca existen productores y organizaciones que continúan esperando respuestas.
Pero aquí el dinero es una parte protagónica de la historia y lo verdaderamente delicado es lo que ocurre alrededor de la toma de decisiones.
Gisela Lucero, titular de la SIA, rindió protesta apenas el 1 de febrerio de 2026, en efecto, pero lleva 6 meses sin ejercer el presupuesto y como dirían en el pueblo, ¿Para qué calienta dinero ajeno?
La funcionaria atraviesa una crisis de conducción, con dificultades para mantener interlocución con liderazgos locales, comisariados ejidales y beneficiarios de los programas, además de un deterioro en la relación con parte del personal de la Secretaría, donde se mencionan regaños, humillaciones y descalificaciones hacia trabajadores y operadores de campo.
Incluso se citan casos concretos, como el de la propia vocera de la dependencia, quien habría sido regañada hasta hacerla llorar y otras personas más.
Entiendo que la ofuscación de Gisela Lucero podría deberse a que el gasto o inversión del recurso presupuestal no se haya dado en las condiciones que ella podría haber querido y es allí donde aparecen los filosos colmillos de Antonio Velázquez Nava, primo del coordinador de prensa de gobierno, el otro Antonio Martínez Velázquez.
Su influencia dentro de la SIA es significativa y su presencia no es simplemente la de un colaborador o aliado político, sino la de un actor con capacidad para incidir en decisiones y movimientos internos, pero que resulta suficientemente recurrente como para plantear una pregunta inevitable, ¿Qué papel desempeña realmente Antonio Velázquez dentro de la Secretaría y hasta dónde llega su capacidad de influencia en la titular de la dependencia de la administración de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros?
Porque si se trata únicamente de una persona cercana a la titular, no habría mayor problema, la política está llena de colaboradores, amigos, operadores y personas de confianza, pero si esa cercanía se transforma en intervención sobre decisiones administrativas, operación territorial o manejo de recursos, entonces ya no estamos hablando de relaciones personales, estamos hablando de poder.
Y el poder, cuando se ejerce desde fuera del cargo, suele ser particularmente incómodo e irresponsable, porque nadie sabe exactamente dónde comienza y dónde termina y menos si se trata de la administración de cientos de millones de pesos.
Antonio Velázquez aparece relacionado con una dinámica en la que otros actores políticos tendrían personas dentro de la Secretaría capaces de influir en decisiones y controlar parte de la operación, lo que dibuja una dependencia convertida en espacio de disputa, con grupos, lealtades y canales paralelos de comunicación, mientras los mecanismos institucionales aparentemente pierden velocidad.
Algunos mensajes enviados por las vías institucionales tardarían varios días en obtener respuesta para comisariados ejidales, organizaciones campesinas o particulares que simplemente no recibirían atención, una situación que alimenta la percepción de que las decisiones importantes podrían estar transitando por canales distintos a los formales,
y mientras tanto, el territorio reclama, el caso de las regiones de Terrenate o de Huamantla, por ejemplo, donde resulta ilustrativo habrían acudido a la Secretaría sin recibir la atención esperada, un dato que debería preocupar a cualquier responsable de una dependencia cuyo propósito fundamental es precisamente atender al sector agropecuario.
Y aquí aparece nuevamente el problema del presupuesto, frente a aproximadamente 1,000 solicitudes o folios solamente habrían llegado unos 100 apoyos, una proporción que, de ser correcta, puede convertirse rápidamente en un problema político y social, porque cuando nueve personas solicitan un apoyo y solamente una lo recibe, las otras ocho no desaparecen, regresan a sus comunidades, cuentan lo ocurrido y comienzan a preguntarse dónde quedó el dinero destinado al campo.
Mi información también recoge sospechas sobre una eventual retención deliberada de recursos y menciona incluso dudas relacionadas con facturas presuntamente sobreinfladas, pero aquí conviene ser claros, el material en mi poder establece que estas sospechas podrían sostenerse como hechos por sí solos de un momento a otro.
Existe un dato que merece explicación, un presupuesto de 460 millones de pesos frente a un ejercicio reportado de alrededor de 25 millones o menos, como 40.
Si esa cifra es correcta, la pregunta no necesita adjetivos, ¿Por qué no se está ejerciendo el presupuesto y lo que se ha ejercido, cómo se ha ejercido?
Y si además existe una percepción interna de que la operación política está concentrada en reuniones, fotografías, llamadas y movimientos de personas específicas en beneficio de la figura de una aspirante, entonces resulta inevitable preguntar si la Secretaría está funcionando como una dependencia pública dedicada al desarrollo agropecuario o como una estructura política con presupuesto público para beneficio de alguien más.
Otra vez Antonio Velázquez vuelve particularmente interesante; porque su presunta influencia no puede analizarse de manera aislada del resto del escenario, aparece en una Secretaria señalada por problemas de conducción, conflictos con liderazgos, tensión con el personal, canales paralelos de comunicación, baja ejecución presupuestal y una percepción de simulación en parte de la operación territorial.
Demasiadas coincidencias para despacharlas simplemente como chismes de pasillo, aunque también sería irresponsable convertir estas versiones internas en verdades absolutas, pero queda la pregunta del mundial ¿Y si sí?
Lo que corresponde ahora es algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más incómodo, que quienes tienen responsabilidad sobre la Secretaría expliquen quién decide, quién opera, quién autoriza, quién distribuye los recursos y qué función concreta desempeña Antonio Velázquez dentro de toda esta estructura,
Porque si no tiene ninguna influencia real, la aclaración debería ser sencilla ¿Qué diablos hace en la SIA?
Pero si la tiene, entonces sería legítimo saber por qué una persona que no aparece como titular de algo en el organigrama de la dependencia, estaría adquiriendo semejante peso en su funcionamiento.
Al final, el problema no es que existan operadores políticos, el problema comienza cuando los operadores parecen tener más capacidad de movimiento que las propias instituciones, cuando los liderazgos llegan y no son atendidos, cuando los trabajadores sienten que pueden ser humillados sin consecuencias, cuando los productores esperan apoyos que no llegan y cuando cientos de millones de pesos permanecen sin ejercer mientras Gisela Lucero sigue tratando de demostrar que todo está bajo control.
En el ejercicio del gobierno como en política, las fotografías pueden ayudar a construir una narrativa, pero no pueden sembrar una hectárea, las llamadas pueden demostrar cercanía, pero no pueden entregar un apoyo y los operadores pueden tener mucha influencia, pero eso no explica por qué el dinero público no está llegando al campo.
Por eso la pregunta permanece sobre la mesa ¿Ya lo sabe la gobernadora?, si es así, ¿Por qué no toma cartas en el asunto?, suficientes crisis ya le generan el arremedo de coordinador de comunicación que, independientemente de su condición, su lugar, debería estar en otro sitio acorde y no en prensa de gobierno.
Finalmente querida gobernadora, a usted dejo una pregunta en el tintero ¿Quién despacha en la Secretaría de Impulso Agropecuario?
***
Alejandro Aguilar Gómez, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Altiplano, es periodista y empresario de medios con más de tres décadas de trayectoria. Fundador y CEO de Grupo Monitor, dueña de los portales de noticias Monitor Xpress y MX en la Noticia. Ha sido jefe de información en prensa escrita, director de noticiarios radiofónicos. Es Presidente Fundador del Colegio de Periodistas y Comunicadores de Tlaxcala A.C. y ha recibido 2 Doctorados Honoris Causa por su contribución al periodismo en México (UDS Global University campus Nuevo León y Colegio de Periodistas de Tamaulipas). Reconocido especialista en comunicación estratégica, marketing político y gestión de crisis, combina la praxis periodística con la consultoría política y la innovación en tecnologías de opinión pública. Certificado como Director de Comunicaciones StratCom 2026 campus Miami, Flo.
Mis redes sociales:
https://www.facebook.com/AlexGomezMXx
https://www.instagram.com/alexgomezmx/
Comentarios