Al derecho y al revés. Justicia para víctima de ex rector de la UAZ
por Mar Morales
El caso de Rubén de Jesús Ibarra Reyes, exrector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), condenado a cuatro años de prisión por violación equiparada agravada contra una menor de edad, pero con el privilegio de cumplir su sentencia en libertad, ha sacudido los cimientos de la institución y desatado una ola de indignación. La incongruencia entre la gravedad del delito y la laxitud de la justicia es monumental, generando un profundo cuestionamiento sobre la verdadera aplicación de la ley y la prevalencia de la impunidad.
Este caso no es un hecho aislado. Organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reportan cuatro agresiones sexuales cada hora en México, mientras que el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia señala que el 90% de los delitos contra las mujeres quedan impunes. Esta alarmante estadística refleja una falla sistémica en la protección de las mujeres y las niñas, y una preocupante tolerancia hacia la violencia sexual.
Si bien la casa de estudios zacatecana finalmente oficializó su destitución tras una sesión extraordinaria del Consejo Universitario –rechazando su renuncia para proceder a un cese formal por “delito intencional”–, la decisión judicial de permitirle cumplir su condena fuera de prisión ha exacerbado la crisis. La votación misma, con 28 votos a favor y 13 en contra de la destitución, revela una preocupante división interna y pone en entredicho la sensibilidad de quienes se opusieron a la expulsión de un rector sentenciado por un delito tan grave.
Los estudiantes, organizados en el Movimiento Estudiantil de la UAZ estuvieron diez días en paro, acusando opacidad, encubrimiento y un silencio “cómplice y criminal” desde las altas esferas universitarias, incluyendo al rector electo, Ángel Román Gutiérrez.
Las denuncias de represalias –amenazas, manipulación de calificaciones, citatorios académicos sin fundamento– confirman un ambiente de intimidación y hostigamiento.
Los estudiantes exigieron la publicación formal de la rescisión laboral de Ibarra Reyes, su expulsión del Sistema Nacional de Investigadores y del PRODEP, y la implementación de un verdadero protocolo contra el hostigamiento. No se trata de sabotear el semestre, sino de limpiar el nombre de la UAZ y exigir justicia. Su lema, "Que no se diga que estudiamos en la UAZ del rector violador, sino en la UAZ donde los alumnos luchan", resume la lucha por la dignidad y la transparencia que se libra en la institución.
El caso Ibarra Reyes trasciende los muros de la UAZ. Es un reflejo de una problemática sistémica que exige una reflexión profunda sobre la justicia, la impunidad y la responsabilidad de las instituciones en la protección de sus miembros y, sobre todo, en la protección de las víctimas. La comunidad universitaria, y la sociedad en general, esperan acciones concretas que garanticen que este caso no quede impune y que se establezcan mecanismos para prevenir futuros abusos de poder y garantizar la seguridad de todos los miembros de la comunidad universitaria. La lucha de los estudiantes es una lucha por la justicia, la transparencia y la dignidad de la UAZ.
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