Acreditación institucional a periodistas
En la administración pública, en cualquiera de sus niveles y poderes, ya no basta con lamentarse por la presencia de falsos periodistas que llegan a oficinas, buscan acceso privilegiado, piden favores y construyen una relación de presión basada en la tolerancia institucional para que no “les peguen”.
Si las autoridades quieren dejar de caer en trampas, necesitan un método serio y sostenido, porque la simulación informativa no solo confunde, también trastoca decisiones, manipula la narrativa pública y termina minando la confianza ciudadana en las instituciones. Y es allí donde hace falta un manual de acreditación de periodistas y medios que he desarrollado —no escrito para agradar, sino para prevenir— y que es necesario conocer.
Desde 2016, desarrollé un Manual Integral de Acreditación Institucional a Periodistas que hoy pongo a disposición de las dependencias interesadas.
El primer antídoto es aceptar una verdad elemental: En el periodismo también existe el ejercicio profesional de experiencia empírica y la académica, la primera es acreditada en periodistas que son identificados plenamente, pero hay otros que sólo son usurpadores de la labor informativa.
Y si el gobierno exige títulos y cédulas a médicos, abogados, ingenieros y contadores, tiene la misma obligación ética y legal de hacerlo extensivo a todas las profesiones, dicen por ahí “Zapatero a tus zapatos”.
Es decir, en el caso de la labor informativa, de procurar que la información institucional sea tratada por gente que ejerce una profesión y no por improvisados con un celular y una cuenta de Facebook.
Esto no vulnera la libertad de expresión, la fortalece, porque la separa de la usurpación y de quienes abusan del término “periodista” como salvoconducto para manipular, chantajear, agredir y extorsionar.
Por eso, cada institución debe establecer un protocolo simple pero riguroso para identificar a quien se presenta como profesional de la prensa.
La administración pública tiene la facultad —y el deber— de solicitar cédula profesional, acreditación vigente del medio, carta de presentación del medio presentando al reportero como reportero de la fuente, documentación mínima fiscal que respalde la existencia legal de la empresa informativa y una identificación institucional cuando aplique, amén de consultar la propiedad o las facultades notariales para gestionar, administrar, contratar y/o prestar servicios a terceros, los protocolos de navegación segura y kits de redes sociales institucionales del medio que dice representar.
Es importante que las dependencias públicas identifiquen y extiendan las acreditaciones correspondientes a los periodistas de la fuente para tener un control preciso de quienes sólo buscan colarse y hacerse pasar por los profesionales de la comunicación.
Y antes de que las lloronas que andan por allí empiecen a emitir sus gritos de terror circunscritos a su necedad e ignorancia, déjenme decirles que no es persecución, se llama orden.
Y es legal. Así como nadie permite que un “cirujano autodidacta” opere un corazón, tampoco debe abrirse la puerta informativa a quien juega a ser periodista sin serlo.
Pero la prevención no se agota allí, las instituciones necesitan dejar constancia de cada ingreso, registro y cobertura, aplicando controles que no interfieran con el trabajo periodístico, pero que sí protejan a la institución y a la ciudadanía de prácticas fraudulentas.
En cada oficina pública debería existir un padrón de proveedores y registro único de prensa, actualizado, verificable, donde estén asentados solamente medios activos, profesionales y verificables, sin listas fantasma que luego se convierten en moneda de cambio político. La clave es simple: transparencia para todos, privilegios para nadie.
Además, cada área de comunicación social —desde una presidencia municipal hasta un gobierno estatal— tendría que revisar de manera periódica la actividad real de los medios acreditados, no para censurar, sino para asegurarse de que cumplen funciones informativas auténticas.
De esa forma se inhibe el “periodismo de extorsión”, que solo aparece para amenazar y no para informar. Y cuando haya dudas razonables, se puede acudir al Colegio de Periodistas y Comunicadores de Tlaxcala, que cuenta con mecanismos —a partir del artículo 38 de sus estatutos— para verificar el ejercicio profesional, resolver controversias y atender denuncias ciudadanas sobre uso faccioso o manipulador de la información.
Esa es otra pieza fundamental del blindaje institucional, entender que ya existe una Defensoría de las Audiencias que puede recibir quejas, evaluar conductas y emitir criterios éticos, algo que el Ejecutivo, los ayuntamientos, el Poder Judicial y el Poder Legislativo deberían utilizar más a menudo.
Porque el problema no es solo evitar a los falsos periodistas, sino promover un entorno donde los verdaderos, además de ejercer plenamente su derecho a la libertad de expresión, puedan hacer su trabajo con claridad, ética y sin amenazas.
La administración pública también debe capacitar a su personal, no para controlar la información, sino para reconocer señales de alarma, quien pide dinero a cambio de silencio o información a modo, quien se presenta con identidades de diversos medios, quien presiona para obtener documentos sin fundamento, quien presume influencias inexistentes, quien no publica nada verificable, quien no transparenta su medio, quien se dedica más a intimidar que a informar.
La capacitación, lejos de ser un capricho, es un mecanismo de autoprotección, una autoridad que sabe identificar fraude informativo es una autoridad menos vulnerable al chantaje.
Y quizá la vacuna más efectiva de todas es que las instituciones aprendan a documentar absolutamente todo y a filtrar quienes son los representantes y los pseudo representantes de los medios de comunicación en: Entrevistas, solicitudes, declaraciones, entregas de información, agendas de cobertura, etc.
Porque la opacidad es el territorio fértil donde crece la manipulación, la transparencia, en cambio, desnuda a los farsantes sin necesidad de pleitos públicos.
Al final, el objetivo no es restringir la libertad de expresión —eso sería una traición absoluta a cualquier principio democrático— sino fortalecerla, distinguiéndola de quienes la usan como disfraz.
El derecho a informar no puede convertirse en un atajo para invadir oficinas, obtener privilegios o amenazar funcionarios, como aquellos que les gusta tirarse en el piso, de los que gritan altaneramente ni de los que desde su infinita soberbia, se creen dueños de la verdad y creen que pueden tratar a los servidores públicos como sus siervos.
Así como el derecho a la salud exige profesionales, el derecho a la información exige periodistas reales, formados, responsables, y respaldados por su trayectoria y por la ley.
En Tlaxcala, el camino más urgente y necesario es claro, expedir de una vez el Reglamento de la Ley de Profesiones, pendiente desde 1986. No para controlar, sino para ordenar.
No para silenciar, sino para proteger. No para excluir, sino para asegurar que la ciudadanía reciba información producida por profesionales, y que la administración pública deje de ser rehén de improvisados que se convierten en gatekeepers sin legitimidad y los de micrófonos prestados.
Lo demás es seguir reaccionando a ciegas. Y ya nos ha costado demasiado a la sociedad, a la administración pública y a los periodistas profesionales.
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Alejandro Aguilar Gómez, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Altiplano, es periodista y empresario de medios con más de tres décadas de trayectoria. Fundador y CEO de Grupo Monitor, dirige los portales digitales Monitor Xpress y MX en la Noticia. Ha sido jefe de información en prensa escrita, director de noticiarios radiofónicos y consultor en marketing político y comunicación estratégica. Es Presidente Fundador del Colegio de Periodistas y Comunicadores de Tlaxcala A.C. (2025-2029) y ha recibido 2 Doctorados Honoris Causa por su contribución al periodismo en México. Reconocido especialista en comunicación social, marketing digital y gestión de crisis, combina la praxis periodística con la consultoría política y la innovación en tecnologías de opinión pública.
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