Represión e intolerancia: Tlaxcala responde con granaderos a demandas del campo y el transporte; incómodo silencio de la CEDH
La decisión del gobierno estatal encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros de desplegar granaderos para dispersar bloqueos carreteros de campesinos y transportistas en Tlaxcala ha generado cuestionamientos, en medio de protestas que forman parte de una estrategia nacional del sector para presionar por respuestas a sus demandas.
Los hechos se registraron durante la jornada de movilizaciones en vialidades clave como la carretera federal México–Veracruz, a la altura de Nanacamilpa, y el Arco Norte, donde productores del campo y operadores del transporte cerraron el paso para exigir mejores condiciones económicas y de seguridad.
De acuerdo con testimonios difundidos por el periodista Carlos Alvarado, elementos de la policía estatal, junto con corporaciones municipales que acudieron en apoyo, habrían golpeado a manifestantes durante el operativo de desalojo. En estos reportes se menciona que habría al menos 15 personas lesionadas, aunque hasta el momento no existe un informe oficial que confirme o detalle estas cifras. Según estas versiones, la instrucción para los elementos habría sido liberar las vías “no importando lo que ocurra”, lo que ha intensificado las críticas sobre el uso de la fuerza pública frente a una protesta social.
A estos señalamientos se suma lo documentado por el periodista Rodrigo Labastida, quien reportó que durante la madrugada los manifestantes fueron desalojados con el uso de gas lacrimógeno en el bloqueo de la carretera México–Veracruz, mientras muchos de ellos se encontraban descansando. El operativo generó momentos de tensión en la zona, donde elementos de seguridad intervinieron para liberar la vialidad. Hasta ahora, tampoco se ha informado oficialmente sobre personas detenidas o lesionadas tras estos hechos.
Las autoridades estatales no han emitido un reporte público detallado sobre posibles personas heridas o detenidas tras la intervención, lo que mantiene incertidumbre sobre el saldo real del operativo.
Las movilizaciones en Tlaxcala no fueron un hecho aislado. Formaron parte de una estrategia nacional impulsada por organizaciones de productores y transportistas, que realizaron bloqueos y protestas en distintos estados como Estado de México, Puebla, Hidalgo, Veracruz y Ciudad de México, entre otros puntos del país.
En todos los casos, las exigencias han sido coincidentes:
precios justos para los productos del campo, condiciones equitativas para su comercialización y una estrategia efectiva de seguridad en carreteras que frene los robos, asaltos y extorsiones que afectan al sector transportista.
En Tlaxcala, estas demandas se tradujeron en bloqueos que afectaron la circulación en puntos estratégicos, generando presión para una respuesta institucional. Sin embargo, el uso de cuerpos antimotines para liberar las vialidades ha sido señalado como una medida que prioriza el control del tránsito por encima de la atención de fondo a las problemáticas planteadas.
A esto se suma el contraste con declaraciones previas de autoridades estatales, que habían señalado que no habría represión ante las movilizaciones. Los hechos registrados durante el operativo han abierto cuestionamientos sobre la congruencia entre el discurso y la actuación gubernamental.
Hasta el momento, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Tlaxcala no ha emitido ningún posicionamiento público sobre lo ocurrido, pese a los señalamientos de posibles abusos durante el desalojo. Su silencio ha sido señalado por distintos sectores como una omisión relevante en un contexto donde se reporta el uso de la fuerza contra manifestantes.
Mientras tanto, la tensión persiste en los puntos donde se registraron los bloqueos, en un escenario donde las demandas de fondo —precios justos para el campo y seguridad para el transporte— continúan sin una respuesta clara.
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